Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y luego de casi cuatro meses de cuestionamientos públicos sobre su patrimonio.
La salida del exvocero presidencial representa uno de los golpes políticos más fuertes del año para el Ejecutivo nacional. La decisión fue comunicada por el propio Adorni a las 18.38, mediante una extensa carta publicada en su cuenta de X, que cerró con una frase dirigida al Presidente: “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”. ([Página|12][1])
En el texto, Adorni no realizó una autocrítica sobre las acusaciones en su contra. Por el contrario, apuntó contra los medios de comunicación, rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades y sostuvo que se alejaba del cargo para protegerse a sí mismo y a su entorno familiar.
El expediente judicial que rodea al exfuncionario tomó mayor volumen a partir de marzo, cuando comenzaron a conocerse distintos señalamientos sobre su evolución patrimonial y gastos personales. Entre los hechos mencionados en la causa aparecen viajes, operaciones inmobiliarias y bienes que quedaron bajo análisis por su posible incompatibilidad con sus ingresos declarados.
Uno de los episodios que aceleró el desgaste político fue el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York, en el que Adorni estuvo acompañado por su esposa, Bettina Angeletti. A esa controversia se sumaron versiones sobre un vuelo privado a Punta del Este durante un feriado, la compra de una vivienda que no habría sido incluida en su declaración jurada de 2024 y la adquisición de un departamento mediante una hipoteca acordada con dos jubiladas.
La investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien avanzó sobre la reconstrucción del patrimonio del exjefe de Gabinete y su entorno familiar. Según información judicial publicada en las últimas semanas, la fiscalía pidió informes reservados sobre la declaración jurada de Adorni y evaluó ampliar el período investigado a partir de la justificación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Uno de los datos que más impacto generó fue la admisión de Adorni sobre la existencia de 500.000 dólares no declarados previamente. Esa situación reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos y profundizó la presión opositora en el Congreso.
El debilitamiento del funcionario también tuvo expresión dentro del propio Gobierno. A mediados de junio, el Ejecutivo le quitó el área de comunicación y designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, una decisión que redujo el margen de acción política de quien había sido una de las caras más visibles del mileísmo.
La tensión parlamentaria terminó de acelerar el desenlace. En el Senado, el oficialismo no logró imponer el debate de la ley de propiedad privada en un contexto en el que la oposición buscaba avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra Adorni. La crisis abrió fisuras incluso entre aliados del Gobierno, con sectores que reclamaban su apartamiento para evitar un costo político mayor.
La renuncia obliga ahora a Milei a definir un reemplazo en un área central del gabinete. Entre los nombres que circularon como posibles sucesores aparecen el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Hasta este sábado, Santilli aparecía como el dirigente con mayor peso en la discusión interna.
La reacción oficial mostró matices. Karina Milei respaldó públicamente a Adorni y sostuvo que el Gobierno conocía el “difícil e inmerecido momento” que atravesó junto a su familia. Patricia Bullrich, en cambio, eligió otro tono y remarcó que “la confianza y la ética” son dos elementos necesarios para profundizar el cambio que impulsa el Ejecutivo.
Con su salida, Adorni se convirtió en el tercer jefe de Gabinete que deja el cargo durante la gestión de Javier Milei, después de Nicolás Posse y Guillermo Francos. La causa judicial, mientras tanto, continúa abierta y será la que determine si las sospechas sobre su patrimonio derivan en responsabilidades penales o quedan en el terreno de la controversia política.