Intendentes y funcionarios municipales de Santa Cruz solicitaron una audiencia con el gobernador Claudio Vidal para debatir una distribución más equitativa, transparente y previsible de los recursos provinciales, en medio de la incertidumbre generada por la resolución judicial que habilita al Ejecutivo a descontar fondos coparticipables de los municipios para cubrir deudas con la Caja de Previsión Social.
El planteo surgió luego de una reunión convocada por el Ministerio de Economía provincial, de la que participaron el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el de Río Turbio, Darío Menna; el de 28 de Noviembre, Aldo Aravena; la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira; y los funcionarios de El Calafate Leonardo Mardones y Juan Manuel Miñones.
Según indicaron los municipios, la convocatoria llegó mediante un mensaje de WhatsApp y el encuentro se realizó a partir del planteo que los propios intendentes habían formulado el día anterior, cuando solicitaron ampliar el diálogo e incorporar a la totalidad de los gobiernos locales de Santa Cruz.
Durante la reunión, los representantes municipales reafirmaron la necesidad de generar ámbitos institucionales de trabajo. Señalaron que ese reclamo lleva dos años y ocho meses y que los problemas estructurales de la provincia no pueden resolverse sin diálogo, consenso y participación de todos los municipios y comisiones de fomento.
Sin embargo, el encuentro con el ministro de Economía y la ministra de Gobierno terminó sin respuestas concretas ni definiciones políticas sobre los puntos planteados. Los intendentes consideraron que, por la gravedad de los temas en discusión, las decisiones de fondo requieren la intervención directa del gobernador.
Por ese motivo, antes de retirarse del Ministerio de Economía, presentaron formalmente una nota para pedir una audiencia con Vidal. La solicitud incluye que participen todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, sin distinción partidaria, con el objetivo de debatir un nuevo esquema de distribución de recursos.
El reclamo se da en un contexto de fuerte tensión entre la Provincia y los municipios, luego de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la cautelar que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782. Esa decisión vuelve a habilitar a la Caja de Previsión Social a retener fondos de coparticipación municipal para cobrar aportes y contribuciones previsionales adeudados.
Para los municipios, el problema no puede abordarse únicamente como una discusión de deudas. Los intendentes señalaron que siempre existió voluntad de cumplir con las obligaciones de cada localidad, pero remarcaron que la cuestión de fondo es con qué recursos pueden afrontarse esos compromisos sin afectar salarios, servicios públicos y asistencia a las comunidades.
“No alcanza con convocar reuniones si luego no existen respuestas concretas a los problemas que viven nuestras comunidades”, expresaron tras el encuentro. En esa línea, advirtieron que el diálogo debe ser sincero y estar acompañado por una verdadera voluntad política de construir soluciones.
Los jefes comunales también plantearon la necesidad de discutir por qué la provincia continúa resignando recursos frente al Gobierno nacional, por qué persisten mecanismos de distribución discrecional de fondos y por qué no se avanza hacia una redistribución real de los ingresos provinciales. Para los municipios, fortalecer la Caja de Previsión Social no puede implicar el desfinanciamiento de las administraciones locales.
El planteo busca correr el eje de la discusión. En lugar de analizar solo los montos adeudados por cada comuna, los intendentes proponen revisar el sistema general de financiamiento municipal y la forma en que la Provincia distribuye sus recursos. En ese punto aparece una tensión de fondo: cómo garantizar la sustentabilidad previsional sin poner en riesgo la autonomía municipal ni el pago de salarios.
El documento presentado reclama una mesa amplia, institucional y con presencia del gobernador. La participación de todos los gobiernos locales aparece como una condición central para evitar acuerdos parciales o decisiones discrecionales que profundicen desigualdades entre localidades.
“Los problemas que atraviesan los municipios son comunes y requieren respuestas construidas entre todos. Es momento de dejar atrás la discrecionalidad, fortalecer las instituciones y convocar a todos los gobiernos locales para diseñar una solución integral que garantice la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social, resguarde la autonomía municipal y proteja el salario de las y los trabajadores”, concluyeron.
El pedido de audiencia deja planteado un nuevo capítulo en la disputa por los recursos provinciales. La Justicia modificó el escenario al habilitar las retenciones, el Gobierno provincial recuperó una herramienta de cobro y los municipios respondieron con una demanda política: sentar al gobernador a discutir no solo las deudas, sino la arquitectura completa del financiamiento municipal en Santa Cruz.