El Gobierno volvió a tropezar en el Senado con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que incluye la eliminación de restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ante la falta de respaldo suficiente, la Cámara Alta votó un cuarto intermedio y postergó el tratamiento hasta el 6 de agosto.
La moción fue impulsada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y obtuvo 62 votos positivos, 3 negativos y una abstención. Con esa salida parlamentaria, el oficialismo evitó una derrota directa en el recinto, pero dejó expuesta nuevamente la dificultad para reunir consensos alrededor de una reforma sensible por sus implicancias sobre propiedad, soberanía territorial y regulación estatal.
Esta es la cuarta vez que el Gobierno no logra avanzar con la aprobación del proyecto, pese a que la iniciativa ya fue modificada en numerosas oportunidades. La última versión incorporó un artículo que reconoce a las provincias la potestad de fijar límites a la venta de tierras a extranjeros mediante leyes provinciales.
Ese cambio fue negociado por senadores del oficialismo con aliados parlamentarios, aunque generó reparos dentro del propio esquema del Gobierno. Desde equipos técnicos del Ministerio de Desregulación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, objetaron la modificación por considerar que podría chocar con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos.
El dictamen también incorporó la figura del silencio administrativo. Esto implica que, si no existe un pronunciamiento provincial o nacional frente a una solicitud, la autorización se consideraría concedida. Ese punto agrega otra capa de debate, porque podría facilitar operaciones ante la falta de respuesta expresa del Estado.
Aunque la ley de tierras quedó postergada, el Senado sí avanzó con otros temas. Durante la sesión obtuvieron luz verde los pliegos de 29 jueces y 26 ascensos diplomáticos. Entre los nombramientos judiciales se aprobó la prórroga por cinco años del camarista Víctor Arturo Pesino, una designación cuestionada por la oposición por su actuación en expedientes vinculados a la reforma laboral.
Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio, necesitaba aval del Senado para continuar en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Su continuidad fue aprobada con 36 votos positivos y 31 negativos del peronismo.
El debate dejó al oficialismo con un resultado mixto. Logró avanzar con acuerdos judiciales y diplomáticos, pero no pudo destrabar una de las reformas que el Gobierno busca instalar como parte de su agenda de desregulación. La discusión por la compra extranjera de tierras, por ahora, seguirá abierta hasta después del receso legislativo.