La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo dato bajo análisis judicial: la dueña de la casa donde vive su madre, Silvia País, declaró que recibió un pago adelantado de USD 12.000 en efectivo por el primer año de alquiler de una vivienda ubicada en el barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui.
El testimonio fue tomado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación que también alcanza a la esposa del ex funcionario, Betina Angeletti. Según la declaración de la propietaria, ella no intervino de manera directa en las negociaciones, ya que toda la operación fue gestionada a través de una inmobiliaria.
De acuerdo con lo declarado ante la Justicia, quien firmó presencialmente el contrato de locación y entregó los billetes en efectivo fue Juan País, hermano de Silvia País y tío de Adorni, quien también reside en la propiedad alquilada. La vivienda se encuentra en un barrio cerrado de Berazategui y el contrato fija una mensualidad de USD 1.100.
El punto que llamó la atención de los investigadores no fue solo el monto total, sino la modalidad del pago. El adelanto anual en efectivo, por USD 12.000, quedó incorporado como un elemento relevante dentro del expediente, en el que se analizan movimientos patrimoniales, gastos y eventuales inconsistencias respecto de los ingresos declarados.
La investigación judicial busca determinar si existe correspondencia entre el patrimonio, los consumos y los ingresos del ex funcionario y su entorno familiar. En ese marco, el alquiler de la casa donde vive su madre aparece como una pieza más dentro de un expediente que ya venía acumulando cuestionamientos por viajes, crecimiento patrimonial y gastos atribuidos al período de gestión pública.
El material aportado señala que la hipótesis bajo análisis apunta a establecer si el pago anual anticipado pudo haber buscado evitar registros bancarios. Esa interpretación, sin embargo, deberá ser evaluada por la Justicia a partir de la documentación reunida, las declaraciones testimoniales y eventuales medidas complementarias sobre el origen de los fondos.
Por ahora, el dato concreto es que la propietaria reconoció haber recibido el dinero en efectivo y que la operación fue formalizada mediante contrato de locación. También quedó asentado que la negociación no habría sido directa con ella, sino a través de una inmobiliaria, y que el pago presencial habría sido realizado por el tío del ex funcionario.
La situación judicial de Adorni continúa bajo seguimiento del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien mantiene vigente una medida cautelar que le impide salir del país sin autorización previa. Esa restricción se inscribe dentro de una causa que busca preservar la investigación y evitar movimientos que puedan entorpecer el avance del expediente.
El nuevo testimonio no implica por sí solo una definición sobre responsabilidad penal, pero agrega información sensible a una causa que ya tiene impacto político. La combinación de un alquiler en dólares, pago anual adelantado, entrega en efectivo y vínculo familiar con el ex funcionario refuerza las preguntas sobre la trazabilidad del dinero y la consistencia patrimonial del entorno investigado.
El expediente deberá determinar ahora si ese desembolso tiene respaldo económico verificable, quién aportó efectivamente los fondos y si la operación guarda relación con los hechos investigados. Mientras tanto, la declaración de la propietaria suma presión sobre una causa que sigue abierta y que mantiene en la mira al ex funcionario libertario y a su círculo más cercano.