El Consejo manifestó su inquietud por las más de 300 leyes derogadas, cuyas consecuencias aún no se conocen completamente, y anticiparon que tendrán un impacto inmediato y feroz en la vida de la ciudadanía. Consideran que estas medidas implican una gran transferencia de recursos a los sectores más poderosos y la pérdida de la política de soberanía y protección de recursos.
Además, expresaron su alarma tanto por el contenido de la norma como por las formas en que fue implementada, sin aparente necesidad ni urgencia. Consideran que el desguace del Estado y la ruptura de consensos, incluso en medio de diferencias políticas, generan una preocupación que los mantiene en estado de alerta permanente.
El Consejo instó a los representantes legislativos a expresar su postura en defensa de los ciudadanos de Santa Cruz. Hicieron hincapié en la importancia de defender la educación pública, la autonomía universitaria y los derechos de los ciudadanos.
En el cierre del comunicado, el Consejo sostuvo: "A 40 años de democracia decimos NUNCA MÁS y a 75 años de la universidad obrera resistimos en defensa de la Universidad Pública".
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