La conducción de la CGT decidió postergar sin fecha un eventual paro general y dilatar también la convocatoria a una marcha federal, aun cuando el Gobierno nacional avanza con la revisión de convenios colectivos y la reglamentación de la ley de modernización laboral.
La discusión interna del Consejo Directivo, reunido el jueves en la sede de la calle Azopardo, estuvo atravesada por un dato incómodo: la central obrera venía de denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, lo que considera una ofensiva profunda contra derechos laborales, pero al momento de resolver una respuesta concreta evitó fijar una medida de alcance nacional.
Al cierre del encuentro, Jorge Sola, uno de los tres integrantes del triunvirato cegetista, anunció que la decisión fue avanzar en la construcción de un plan de acción conjunto con otras centrales de trabajadores. Según planteó, la intención es desarrollar acciones progresivas que puedan desembocar, más adelante, en un paro nacional y una marcha federal, con participación de regionales y secretarios generales.
En los hechos, la definición dejó claro que no habrá una medida general inmediata. Dentro de la conducción sindical predomina la idea de que todavía no existe el clima suficiente para convocar a un nuevo paro nacional y que antes hace falta “calentar motores” a partir de conflictos sectoriales, movilizaciones puntuales y articulación territorial.
Cristian Jerónimo, otro de los integrantes de la conducción, reforzó esa línea al señalar que la CGT irá “viendo” el escenario y acompañando conflictos ya existentes, como los de jubilados o el de Granja Tres Arroyos. También sostuvo que un paro nacional debe construirse con consenso para que tenga contundencia y no quede como una reacción aislada.
La demora, sin embargo, convive con un avance oficial sobre condiciones laborales. Según el texto base, la Secretaría de Trabajo ya envió una amplia cantidad de convocatorias para revisar convenios colectivos sectoriales y por empresa. Ese punto aparece como uno de los ejes de mayor tensión, porque implica discutir marcos laborales que ordenan jornadas, categorías, descansos, salarios y formas de organización del trabajo.
El caso SMATA-Mirgor también quedó bajo la lupa. El sindicato conducido por Ricardo Pignanelli y Mario “Paco” Manrique aceptó incluir un esquema de banco de horas en un acuerdo con la empresa Mirgor, vinculada a la familia Caputo. Ese mecanismo habilita a la firma a ordenar hasta 200 horas mensuales de trabajo por operario en sus plantas bonaerenses, en línea con una de las herramientas incorporadas por la reforma laboral.
El acuerdo generó ruido hacia adentro del mundo sindical, no solo por su impacto sobre la organización del tiempo de trabajo, sino también porque puede ejercer presión sobre otros gremios, como la UOM, especialmente en plantas donde existen actividades vinculadas al mismo grupo empresario. Frente a ese escenario, Jerónimo afirmó que no estaba al tanto de sectores que ya hubieran avanzado en modificar condiciones laborales, una frase que contrasta con el debate abierto alrededor del banco de horas.
También provocó malestar la reunión que Héctor Daer mantuvo con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en simultáneo con el encuentro del Consejo Directivo de la CGT. El texto vincula esa incomodidad con el rol político del mandatario santacruceño y con el acompañamiento legislativo que facilitó el quórum para que el Gobierno avanzara con la reforma laboral.
La conducción cegetista insiste en que el paro nacional y la marcha federal siguen en el horizonte. Jerónimo sostuvo que “sobran condiciones y excusas” para una medida de fuerza, aunque aclaró que una acción de ese tipo no se construye “de la noche a la mañana”. La fórmula elegida por la CGT muestra una tensión conocida: reconocer la gravedad del escenario, pero administrar los tiempos de la confrontación.
Esa administración parece mirar también el calendario político. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central, planteó la necesidad de construir una proyección política capaz de generar un cambio en las elecciones de 2027. En esa misma línea, Jerónimo afirmó que el paro nacional no es “la salida” y que la salida es política, además de señalar la complicidad de sectores del peronismo en la aprobación de leyes contrarias a los intereses populares.
La discusión, entonces, excede el plano estrictamente sindical. La CGT no solo evalúa cuándo parar, sino cómo intervenir en un escenario donde el oficialismo avanza con reformas estructurales y la oposición peronista atraviesa sus propias disputas internas. El riesgo para la central es quedar atrapada entre la espera electoral y la urgencia concreta de los trabajadores afectados por cambios en sus condiciones laborales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el avance regulatorio también tomó forma propia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó el Decreto 230/26, que ratifica criterios vinculados con la ley nacional de modernización laboral en materia de derecho a huelga. La norma establece pisos de prestación durante conflictos laborales: 75% para la recolección de residuos y 50% para subte, Premetro y colectivos.
La medida abre una discusión sensible. El derecho de huelga está reconocido constitucionalmente, pero su reglamentación puede reducir su eficacia si impone niveles de prestación demasiado altos. En ese punto aparece una pregunta de fondo: hasta dónde un servicio mínimo ordena una actividad esencial y desde cuándo empieza a vaciar la herramienta de presión de los trabajadores.
El Gobierno avanza sobre convenios, bancos de horas y servicios mínimos. La CGT, por ahora, elige una estrategia gradual, sin fecha para una medida nacional. Entre una cosa y la otra queda el núcleo del conflicto: quién define el tiempo de trabajo, cómo se negocian las condiciones laborales y qué capacidad real conserva el movimiento obrero para frenar una reforma que ya empezó a modificar el tablero.