Las posibles pretensiones de Palantir Technologies sobre ARSAT encendieron una señal de alarma en sectores vinculados a la tecnología estatal, la protección de datos y la soberanía digital. La preocupación apunta al eventual uso de infraestructura pública argentina para alojar servidores, procesar información estratégica y acceder a redes de comunicación administradas por una empresa cuyo capital pertenece en su totalidad al Estado argentino.
El debate tomó fuerza después de la llegada de Peter Thiel a la Argentina a fines de abril. El empresario, fundador de Palantir y referente del ecosistema tecnológico global, aparece asociado a un modelo de negocios basado en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial y acuerdos con Estados. Según el material aportado, su influencia despierta inquietudes por la posibilidad de avanzar hacia marcos legales favorables a grandes inversores y esquemas de autonomía regulatoria similares a experiencias como Próspera, en Honduras.
En ese contexto, ARSAT aparece como una pieza de enorme valor. La empresa estatal brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión a través de infraestructura terrestre, aérea y espacial. Su datacenter está ubicado en Benavídez, provincia de Buenos Aires, y su Red Federal de Fibra Óptica atraviesa todas las regiones del país. Esa red, conocida como REFEFO, es presentada como una de las más importantes de la región y concentra una capacidad estratégica para el transporte de información.
El interés sobre ARSAT no se reduce al datacenter. Aunque alojar servidores en territorio argentino podría ser relevante para una compañía como Palantir, las alertas más fuertes apuntan a la red de fibra óptica. De acuerdo con las declaraciones citadas, un eventual acuerdo con el Estado podría permitir la instalación de equipos en paralelo a la REFEFO, en cajas de interconexión, con capacidad para analizar tráfico de red y capturar datos que circulan por allí.
La preocupación fue planteada por trabajadores de ARSAT. Nicolás Zonta, delegado en la empresa, señaló que el 23 de abril empleados del organismo recibieron una visita inesperada de Thomas Dinanno, identificado en el texto como subsecretario de Estado para el control de armas y la seguridad internacional. Según su relato, la presencia del funcionario generó inquietud interna y derivó en consultas sobre el motivo de la recorrida.
Zonta afirmó que, según lo que pudieron averiguar, se utilizaría el datacenter de ARSAT para alojar servidores destinados a sistemas de ciberespionaje vinculados al control antiterrorista, antinarcotráfico y de información, a través de Palantir. La afirmación es grave y, por tratarse de una versión atribuida a un delegado, requiere documentación oficial que la confirme o la desmienta. Aun así, su aparición en el debate público expresa el nivel de preocupación existente dentro de la empresa.
Otro trabajador citado, Ezequiel McGover, responsable de Innovación IT en ARSAT, declaró que en los últimos tres meses recibieron cinco visitas del Departamento de Estado. Más recientemente, sostuvo que Palantir no necesita procesar datos dentro del país para realizar perfilado de personas, campañas o análisis de información, ya que podría hacerlo desde otros centros de datos ubicados en el exterior. Pero advirtió que el punto sensible sería la posibilidad de conectar equipos a la infraestructura de la REFEFO.
Esa diferencia es central. Un datacenter puede alojar servidores, pero una red federal de fibra óptica permite observar flujos de información, rutas de tráfico y patrones de comunicación. Por eso, quienes advierten sobre el avance de Palantir consideran que el verdadero activo estratégico de ARSAT no está solo en Benavídez, sino en el tendido que conecta al país.
El riesgo señalado no es únicamente técnico. También es político y jurídico. Según el planteo, permitir que una empresa extranjera acceda a infraestructura estatal de comunicaciones podría abrir interrogantes sobre datos personales, uso de información pública, eventual elusión de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y entrada de actores externos en sistemas sensibles del Estado argentino.
El material aportado enumera posibles beneficios para Palantir: acceso a datos personales, uso de infraestructura bonificada, posición dominante y capacidad de operar sobre información estatal con menor control local. Del otro lado, los riesgos mencionados son de alto impacto: daño a la soberanía tecnológica, opacidad algorítmica, privatización de datos estadísticos y apertura a la intervención de inteligencias extranjeras.
La advertencia más fuerte apunta a la dependencia tecnológica. Si el Estado incorporara sistemas de Palantir para cruzar y analizar datos de organismos como ANSES, AFIP y Migraciones, una eventual salida posterior no sería simple. Aunque los datos siguieran en manos estatales, la capacidad de relacionarlos, consultarlos y explotarlos podría quedar atada a herramientas privadas. Con el tiempo, los equipos técnicos propios podrían perder saber operativo y autonomía para administrar esos sistemas sin la empresa.
Ese escenario es el que los críticos describen como un punto de no retorno. No se trataría solo de firmar o cancelar un contrato, sino de modificar la arquitectura técnica del Estado y su capacidad de decidir sobre información sensible. En áreas vinculadas a seguridad, migraciones, recaudación, asistencia social o inteligencia estatal, esa dependencia puede tener consecuencias profundas.
La discusión se inscribe, además, en un momento en que el Gobierno de Javier Milei planteó su disposición a permitir el ingreso de capitales privados en empresas públicas. En el caso de ARSAT, cualquier modificación sobre su infraestructura, sus datos o su red federal adquiere una dimensión mayor porque involucra comunicaciones estratégicas y activos construidos con inversión pública.
La cuestión de fondo no es si la Argentina puede o no vincularse con empresas tecnológicas globales. El punto es bajo qué reglas, con qué controles, con qué transparencia y con qué resguardo de la soberanía informacional. Si una compañía dedicada al análisis masivo de datos accede a infraestructura estatal sin debate público ni garantías suficientes, el problema deja de ser contractual y pasa a ser institucional.
Por ahora, las alertas se apoyan en declaraciones de trabajadores, visitas señaladas y preocupaciones técnicas sobre eventuales acuerdos. No existe, en el texto base, documentación oficial que confirme la instalación de servidores de Palantir en ARSAT ni un contrato firmado que detalle alcances, controles o responsabilidades. Pero la sola posibilidad de que una red pública estratégica quede asociada a una empresa extranjera de inteligencia de datos alcanza para abrir una discusión urgente.
ARSAT no es un inmueble ocioso ni un activo menor. Es una infraestructura de comunicación nacional, con presencia territorial, capacidad satelital y una red de fibra óptica que conecta regiones enteras. Por eso, cualquier decisión sobre su futuro debería ser tratada como una cuestión de Estado. No alcanza con hablar de inversión, eficiencia o modernización. Cuando lo que está en juego son datos, redes y capacidad tecnológica, también se discute quién controla una parte decisiva del poder público en la Argentina.