El objetivo es garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.
Durante este proceso, se podrán aprobar adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos. La prioridad es asegurar la continuidad y normal prestación de los servicios, de acuerdo con los resultados de la revisión de tarifas.
Un aspecto fundamental del decreto es la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 hasta la designación de los nuevos integrantes del Directorio, que se elegirán según las disposiciones del artículo 8 del mismo decreto.
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