El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobó durante su tercera sesión ordinaria del año una declaración en la que expresó su “profunda preocupación” y su “enérgico rechazo” ante el incumplimiento de la Ley Nacional 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y NODOCENTE.
El pronunciamiento fue aprobado en el cierre de la sesión desarrollada en la Unidad Académica San Julián y surgió a partir de un pedido presentado por las representaciones sindicales de ADIUNPA y ATUNPA.
La resolución reclama al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento “inmediato, integral y efectivo” de la norma y de las decisiones judiciales vigentes.
Entre los puntos centrales, el Consejo Superior pidió garantizar la actualización presupuestaria de las universidades, la recomposición de los salarios docentes y NODOCENTES, la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para sostener las distintas funciones universitarias.
El cuerpo también reafirmó que el financiamiento universitario constituye una responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional y ratificó su defensa del carácter público, gratuito, autónomo, autárquico, cogobernado, inclusivo, democrático, latinoamericanista y federal de la universidad argentina.
Otro de los puntos incorporados a la declaración fue el rechazo al arancelamiento de los estudios de grado por razones de nacionalidad o condición migratoria.
En ese sentido, el Consejo Superior también rechazó cualquier intento de responsabilizar a estudiantes extranjeros por la situación presupuestaria de las universidades y reafirmó el compromiso inclusivo y latinoamericanista de la UNPA.
La declaración incluyó además un repudio a expresiones del presidente de la Nación en las que, según sostuvo el cuerpo universitario, se caracterizó como “terroristas” a estudiantes, periodistas, docentes e integrantes del sistema científico.
Para el Consejo Superior, ese tipo de expresiones constituye una forma de “estigmatización y amedrentamiento incompatible con la convivencia democrática”.
La resolución también respaldó el ejercicio de los derechos de quienes estudian, trabajan, enseñan, investigan, realizan tareas de extensión, informan y se organizan en defensa de la universidad pública.
Finalmente, el cuerpo convocó tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad a defender el presupuesto destinado a las universidades, la producción soberana de conocimiento y las condiciones dignas de estudio y trabajo.
La sesión desarrollada en San Julián incluyó además un extenso orden del día con temas académicos, institucionales y administrativos.
Entre ellos figuraron adecuaciones a planes de estudio, la designación de un integrante para la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad, la declaración de interés institucional del XI Congreso Nacional de Educación en Enfermería y la creación de una Diplomatura Universitaria de Extensión en Educación y Cultura.
También se trataron distintos pedidos relacionados con cursos y seminarios de posgrado, consolidaciones de cargos y modificaciones vinculadas con el régimen electoral universitario.
Como ocurre habitualmente cuando el Consejo Superior sesiona en una de sus unidades académicas, la actividad contempló además el reconocimiento a trabajadores docentes y NODOCENTES de la sede anfitriona que cumplen 20 años de desempeño dentro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
El reclamo por el financiamiento universitario volvió así a ocupar un lugar central dentro de la agenda institucional de la UNPA, que ya había expresado durante 2026 su exigencia por la aplicación efectiva de la Ley 27.795 y su defensa del sistema universitario público.