El diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, volvió a reclamar el tratamiento del proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal luego de conocerse nuevos datos que ubican a Santa Cruz entre las provincias con mayores niveles de morosidad del país.
De acuerdo con un relevamiento correspondiente a septiembre, elaborado sobre registros oficiales del Banco Central, la provincia alcanzó un nivel de morosidad del 23,8% y quedó en el segundo lugar a nivel nacional, detrás de La Rioja. El dato coincide con otros estudios recientes que muestran un deterioro sostenido en la capacidad de pago de los hogares santacruceños.
Para Echazú, el problema dejó de ser una dificultad aislada para convertirse en una situación que afecta de lleno la economía cotidiana de muchas familias.
“Esto no apareció de un día para el otro. Hace tiempo venimos viendo cómo crece el endeudamiento y cómo se hace cada vez más difícil cumplir con las obligaciones”, sostuvo.
A comienzos de septiembre, distintos relevamientos ya habían advertido que Santa Cruz se encontraba entre las jurisdicciones con mayor irregularidad crediticia del país. Uno de ellos ubicó el índice por encima del 20% y mostró que miles de personas arrastraban atrasos en préstamos, tarjetas y otras obligaciones financieras.
El endeudamiento aparece además vinculado con un problema más profundo: el uso del crédito para cubrir gastos básicos.
El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, advirtió este mes que una parte importante de los santacruceños se endeuda incluso para comprar alimentos y relacionó esa situación con la caída del consumo y el cierre de comercios.
Echazú apuntó en la misma dirección.
“Cuando el crédito se usa para llegar a fin de mes, después se vuelve muy difícil salir de esa rueda”, señaló.
El legislador sostuvo que el problema afecta especialmente a quienes cobran un salario pero llegan a fin de mes con gran parte de sus ingresos ya comprometidos por cuotas, préstamos personales, tarjetas y refinanciaciones.
Frente a ese escenario, volvió a pedir que la Cámara de Diputados avance con el proyecto de Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal que se encuentra en comisión.
La iniciativa propone establecer un mecanismo de refinanciación para personas en situación de mora y vulnerabilidad financiera. Entre sus puntos principales contempla una tasa nominal anual máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 cuotas y límites para evitar que una porción excesiva del salario quede absorbida por las deudas.
Para los trabajadores de la administración pública provincial, el proyecto plantea que los descuentos vinculados con las obligaciones alcanzadas por el régimen no puedan superar el 30% del sueldo bruto. Si ese límite ya estuviera excedido, las cuotas deberían recalcularse, aunque la deuda seguiría vigente.
Echazú ya había reclamado a comienzos de septiembre que la Comisión de Asuntos Constitucionales retomara el debate, luego de suspenderse una reunión en la que estaba previsto comenzar a analizar la iniciativa.
El diputado insistió ahora en que los nuevos datos vuelven más urgente esa discusión.
“Tenemos una propuesta concreta y estamos abiertos a modificarla, mejorarla y escuchar todos los aportes que sean necesarios. Pero con Santa Cruz segunda en morosidad en todo el país, no podemos seguir dejando pasar el tiempo. Hay familias que necesitan una respuesta concreta”, afirmó.
El Gobierno provincial, por su parte, mantiene vigente un Plan de Alivio Financiero destinado a trabajadores y jubilados estatales. Durante septiembre anunció una reducción de la tasa al 35%, tres meses de gracia y un plazo de hasta 120 cuotas. Según información oficial, alrededor de 5.700 personas ya habían adherido y se habían refinanciado deudas por casi 70 mil millones de pesos.
Ese programa alcanza específicamente a trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y fue ampliado durante el año para permitir el ingreso de personas con un porcentaje menor de sus ingresos comprometido en préstamos y tarjetas.
El proyecto impulsado por Echazú busca avanzar sobre un universo más amplio de familias y establecer por ley un mecanismo permanente de refinanciación.
La discusión se produce en un contexto en el que la deuda dejó de estar asociada únicamente a compras importantes o inversiones y pasó, para una parte de los hogares, a convertirse en una herramienta para sostener consumos básicos.
Para Echazú, esa transformación es justamente la señal que obliga a acelerar el debate legislativo.