El diputado nacional Néstor Pitrola, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y sostuvo que la situación dejó de ser exclusivamente financiera para convertirse en una crisis social que afecta a millones de trabajadores.
“Estamos ante una quiebra masiva de las familias trabajadoras, no ante una suma de malas decisiones individuales”, afirmó el legislador, quien vinculó el deterioro de la capacidad de pago con los niveles salariales, las jubilaciones y el peso que adquirieron los créditos para afrontar gastos cotidianos.
Pitrola señaló que en junio 20,4 millones de personas tenían algún tipo de financiamiento y que 5,3 millones, equivalentes al 26,1%, registraban atrasos superiores a 90 días.
Los números mencionados por el diputado coinciden con el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Universidad Austral y EcoGo a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central. El relevamiento también ubicó la mora por monto de los proveedores no financieros de crédito en el 31%, frente al 15,2% del sistema financiero.
El dirigente sostuvo que detrás de ese deterioro existen trabajadores que recurren al endeudamiento para comprar alimentos, afrontar alquileres y tarifas o mantener herramientas necesarias para trabajar.
“No es falta de educación financiera: es falta de salario y de jubilaciones”, afirmó. Para Pitrola, el fenómeno representa “una gigantesca transferencia de ingresos” desde las familias hacia bancos, financieras, billeteras virtuales y prestamistas.
El diputado también dirigió sus críticas hacia el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El titular de la autoridad monetaria había descartado recientemente una intervención estatal destinada a asistir a los morosos y definió la situación como “una cuestión entre privados”.
Pitrola rechazó esa posición y cuestionó el papel regulador del organismo. “El Banco Central tampoco es un escribano inocente”, sostuvo, antes de apuntar contra los costos financieros aplicados por bancos y proveedores de crédito.
En ese marco, mencionó tasas superiores al 150%, costos de más del 200% en billeteras y afirmó que existen casos que alcanzarían el 1.300% en Mercado Pago. Este último punto fue vinculado por el legislador con una denuncia penal presentada por Gabriel Solano contra Marcos Galperin.
El diputado también cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que podría habilitar la utilización de reservas y oro como garantías para operaciones de endeudamiento con entidades financieras internacionales.
“Para auxiliar a las familias endeudadas no hay intervención; para tomar nueva deuda y garantizar a los acreedores, ponen a disposición todos los activos del BCRA”, planteó.
Las críticas de Pitrola no se limitaron al Gobierno. También apuntó contra la CGT y las CTA y sostuvo que las centrales sindicales carecen de autoridad para encabezar una respuesta frente al endeudamiento porque, según su postura, no desarrollaron un plan de lucha general por los salarios.
En particular cuestionó al dirigente sindical Cristian Jerónimo por sus declaraciones sobre el costo que implica para un trabajador perder el jornal durante una medida de fuerza.
“Angustiante es que un trabajador pida dinero para comer y termine encadenado a un usurero”, respondió Pitrola, quien reclamó “un paro nacional activo y un plan de lucha”.
Como respuesta legislativa, el diputado defendió el proyecto presentado por el bloque del FIT-U para asistir a los hogares con mayores dificultades financieras. La propuesta contempla la condonación de las denominadas deudas onerosas para las familias más afectadas, la eliminación de intereses y punitorios y el establecimiento de cuotas sin interés que no superen el 15% de los ingresos.
Pitrola anticipó además que su espacio participará de una movilización frente al Ministerio de Economía con esos reclamos.
El nivel de endeudamiento ya había sido planteado por el dirigente en intervenciones anteriores. A comienzos de agosto, Pitrola sostuvo que millones de trabajadores atravesaban dificultades para llegar a fin de mes y vinculó ese escenario con el deterioro salarial, el pluriempleo y los despidos.
Ahora, con los datos de junio sobre la mesa, volvió a colocar la discusión en el terreno político y reclamó que el Estado intervenga sobre las condiciones de las deudas de los hogares. “Que paguen los bancos y los usureros, no las familias trabajadoras”, sintetizó.