Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como el punto final de lo que llamó “la estafa de imprimir dinero”. Sin embargo, detrás de la consigna, el proyecto propone mucho más que impedir la asistencia monetaria al Tesoro: redefine hasta reducir al mínimo la capacidad del Estado para intervenir sobre el crédito, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.
El Presidente anunció la iniciativa este jueves 30 de julio mediante un mensaje por cadena nacional. Allí responsabilizó a la emisión por las sucesivas crisis inflacionarias argentinas y aseguró que, desde la creación del Banco Central en 1935, el país acumuló una inflación superior a los “12 trillones por ciento”.
La desmesura de la cifra cumplió una función política antes que pedagógica. Milei utilizó una sucesión de treinta dígitos para presentar como indiscutible su interpretación de la historia económica: toda inflación nace de un exceso de dinero y todo financiamiento monetario del Estado constituye una forma de saqueo.
La reforma deberá pasar por el Congreso. Su eje principal es prohibir que el Banco Central financie de manera directa o indirecta al Tesoro y concentrar su mandato en un único objetivo: preservar el valor de la moneda.
Esa definición implica eliminar de la Carta Orgánica las referencias al crecimiento económico, el empleo, la estabilidad financiera, el sistema de pagos y la equidad social. Para el Gobierno, la multiplicidad de funciones dispersa la tarea de la autoridad monetaria. Para sus críticos, la convierte en una institución limitada a custodiar la moneda, aun cuando el país atraviese una recesión, una crisis externa o una interrupción del crédito.
El debate no es únicamente técnico. Lo que está en discusión es quién toma las decisiones sobre el sistema financiero y con qué objetivos. Un Banco Central apartado de la política económica no queda necesariamente libre de intereses: puede pasar de responder a las autoridades elegidas por el voto a quedar condicionado por bancos, fondos de inversión, acreedores y grandes operadores del mercado.
La ex presidenta del organismo Mercedes Marcó del Pont resumió ese riesgo al advertir que la independencia frente al poder político puede transformarse en dependencia de las corporaciones financieras.
El planteo encuentra antecedentes inmediatos en la Carta Orgánica aprobada durante la presidencia de Carlos Menem en 1992. El Gobierno busca revertir buena parte de la reforma sancionada en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Banco Central recuperó facultades para orientar el crédito y acompañar políticas productivas.
A partir de aquella modificación se implementó, entre otras herramientas, la Línea de Inversión Productiva. El programa obligaba a las entidades financieras a destinar una porción de sus depósitos a créditos para pequeñas y medianas empresas, con condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado.
Con el esquema presentado por Milei, instrumentos de esa naturaleza podrían quedar fuera del alcance de la autoridad monetaria. También se reduciría su margen para intervenir sobre las tasas cobradas por bancos y billeteras virtuales o para orientar el financiamiento hacia sectores considerados estratégicos.
La comparación con la convertibilidad resulta inevitable. Aquel régimen también subordinó la emisión de pesos a la disponibilidad de dólares y redujo de manera drástica el margen de acción de la política monetaria. Durante algunos años logró estabilizar los precios, pero terminó asfixiado por el endeudamiento, la recesión, la falta de divisas y la pérdida de competitividad.
En 2001, cuando el esquema ya mostraba señales terminales, Domingo Cavallo regresó al Ministerio de Economía para intentar salvar la política que él mismo había diseñado. El resultado fue el corralito, la emisión de cuasimonedas en varias provincias, una crisis social de enorme magnitud y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.
La historia no se repite de manera automática, pero ofrece advertencias. Una política monetaria rígida puede brindar previsibilidad mientras abundan los dólares y el financiamiento. Cuando esos recursos desaparecen, la ausencia de instrumentos obliga a trasladar todo el ajuste sobre la actividad, el empleo y los ingresos.
Roberto Feletti recordó que, hacia el final de la convertibilidad, la escasez de medios de pago llevó a varias provincias a emitir sus propias monedas. La paradoja fue evidente: el sistema creado para impedir la emisión terminó multiplicando los bonos provinciales porque el Estado nacional carecía de pesos para sostener su funcionamiento.
Milei acompañó la reforma del Banco Central con el denominado “grillete fiscal”, una iniciativa que prohibiría aprobar o mantener presupuestos deficitarios. Si el desequilibrio se prolongara durante varios meses, se activaría un mecanismo similar al shutdown de Estados Unidos, con la paralización de actividades estatales no esenciales, el congelamiento de gastos y restricciones sobre contrataciones y transferencias.
El paquete incluye además una desregulación profunda de los mercados de capitales y seguros. Las compañías aseguradoras podrían lanzar productos sin autorización previa del organismo de control, bajo el argumento de que una menor intervención estatal favorecerá la competencia, la innovación y la reducción de costos.
La promesa vuelve a descansar sobre una premisa conocida: el mercado sería capaz de controlar sus propios excesos. El problema es que, cuando la supervisión pública retrocede, los riesgos no desaparecen. Con frecuencia cambian de dueño y terminan trasladados a ahorristas, asegurados, pequeñas empresas y consumidores con menor capacidad para defenderse.
El Presidente también anunció el fin de las Letras Intransferibles, títulos entregados por el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas utilizadas para cancelar deuda externa. El mecanismo comenzó a tomar relevancia en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner pagó 9.530 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
Aquella operación reemplazó deuda con acreedores externos por una obligación dentro del propio Estado. El Gobierno sostiene que esas letras deterioraron el balance del Banco Central. Los críticos advierten, en cambio, que su eliminación podría abrir el camino para sustituir deuda intraestatal por mayor endeudamiento externo y una supervisión más intensa de organismos como el FMI.
El punto no es defender la emisión ilimitada ni negar que la asistencia monetaria al Tesoro puede alimentar procesos inflacionarios. Incluso Marcó del Pont admitió que una economía bimonetaria como la argentina necesita límites. La discusión está en convertir esos límites en una prohibición absoluta, incapaz de contemplar guerras, pandemias, derrumbes financieros, sequías o crisis internacionales.
La mayoría de los bancos centrales relevantes no tiene un mandato único. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, debe procurar estabilidad de precios y máximo empleo. Brasil también incorpora entre sus objetivos la estabilidad financiera y la promoción del pleno empleo. La política monetaria no funciona aislada de la economía real porque sus decisiones afectan el crédito, la inversión, la producción y el trabajo.
Milei propone una autoridad monetaria apartada de esas responsabilidades y protegida de futuras decisiones políticas. Pero la Carta Orgánica es una ley ordinaria: otra mayoría parlamentaria podría modificarla. El blindaje que presenta como definitivo dependerá, al igual que cualquier otra norma, de las relaciones de poder que surjan de las elecciones.
El Gobierno intenta transformar su actual orientación económica en una regla permanente. Busca que las próximas administraciones, incluso aquellas elegidas con un programa distinto, encuentren severamente limitada su capacidad para decidir cómo responder a una crisis o hacia dónde orientar el crédito.
La reforma promete impedir los abusos de la política, pero al mismo tiempo reduce los mecanismos democráticos de intervención sobre las finanzas. No elimina el poder: lo desplaza. Y cuanto más débil sea el Banco Central para actuar sobre la economía, mayor será la influencia de quienes controlan los dólares, el crédito y el acceso al financiamiento.
La experiencia argentina demuestra que la emisión sin respaldo puede terminar en inflación. También muestra que la rigidez monetaria, el endeudamiento externo y la renuncia a intervenir pueden terminar en recesión, desempleo y colapso. Elegir recordar solamente una mitad de esa historia no es rigor económico. Es una decisión política.