La relación entre el Gobierno de Claudio Vidal y una parte del empresariado santacruceño sumó un nuevo capítulo de fuerte confrontación. La Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de la capital provincial acusaron a Santa Cruz Puede S.A.U. de utilizar recursos estatales para competir en condiciones ventajosas contra las pymes.
El planteo fue formulado en un extenso documento firmado por Guillermo Polke, Leandro Fadul y Ricardo López, presidentes de las tres organizaciones. Allí respondieron punto por punto a una solicitada difundida previamente por el directorio de la compañía provincial y sostuvieron que las propias explicaciones de Santa Cruz Puede terminarían confirmando buena parte de sus cuestionamientos.
La acusación central es contundente: las entidades consideran que la empresa no funciona únicamente como instrumento para impulsar actividades productivas donde el sector privado no llega, sino que se expandió sobre rubros donde ya operan comerciantes y pequeñas y medianas empresas santacruceñas.
Uno de los puntos que concentra las críticas es la participación de Santa Cruz Puede en procesos licitatorios provinciales. Según el documento, la sociedad está inscripta en el Sistema Integrado de Proveedores y Licitaciones de Santa Cruz, SiPLic, bajo el registro N° 3186 y habilitada para presentarse en numerosas actividades.
Las entidades mencionan, entre otras, verdulería, carnicería, panadería, elaboración de pastas, farmacia y droguería, textiles, muebles, informática, gomería, talleres mecánicos, maderas y viveros.
Santa Cruz Puede habría reconocido haber participado en licitaciones provinciales, aunque aclaró que no resultó adjudicataria. Para las cámaras, esa explicación no resuelve el cuestionamiento de fondo: consideran que existe un conflicto derivado de que una empresa cuyo único accionista es el Estado provincial pueda presentarse como proveedora en contrataciones realizadas por ese mismo Estado.
El documento también coloca bajo la lupa las habilitaciones. Según las entidades, una gran cantidad de rubros aparecen habilitados en el registro de proveedores desde el 22 de abril de 2026 y cuestionan si para ese momento Santa Cruz Puede contaba con todos los permisos exigidos para desarrollar cada actividad.
El planteo adquiere especial sensibilidad en actividades sometidas a controles específicos, como droguería o frigorífico. Los empresarios reclaman que el Gobierno exhiba la documentación correspondiente para demostrar que la sociedad estatal cumplió los mismos requisitos exigidos a cualquier proveedor privado.
La discusión también llegó a los precios.
De acuerdo con la respuesta empresarial, Santa Cruz Puede sostuvo que desde su participación en el mercado determinados precios bajaron alrededor de un 30%. Las cámaras no cuestionan allí el porcentaje informado por la compañía, sino la interpretación del resultado.
Consideran que una empresa respaldada por capital, infraestructura y recursos estatales no enfrenta las mismas condiciones económicas que una pyme que debe financiar sus inversiones, asumir pérdidas y sostenerse exclusivamente con su facturación.
En ese punto introdujeron además una contradicción política: Santa Cruz mantiene vigente hasta fines de 2026 una Emergencia Comercial, Industrial y PyME y, simultáneamente, una empresa propiedad de la Provincia participa en actividades donde compiten negocios alcanzados por esa misma situación de emergencia.
Otro de los focos está puesto sobre el predio donde funciona Santa Cruz Puede. Las entidades remarcaron que la compañía reconoció que algunas habilitaciones todavía se encuentran en trámite y mencionaron específicamente la situación del comedor denominado Alma, que aún no habría comenzado formalmente su actividad.
El cuestionamiento se extiende al origen de los recursos.
Según el documento empresario, el Tribunal de Cuentas constató la aprobación de 427 millones de pesos en gastos de capital imputados a partidas del Ministerio de Producción, Comercio e Industria y la transferencia efectiva de 380 millones para un proyecto de producción de granos.
Ese argumento es utilizado para rechazar la posición de la compañía acerca de que no recibe partidas destinadas a gastos operativos. Para las cámaras, aun cuando salarios, combustibles u otros costos corrientes no sean solventados directamente mediante transferencias presupuestarias, la discusión debe incluir el capital público utilizado para desarrollar los emprendimientos.
También aparecen cuestionamientos sobre las ventas realizadas en espacios promovidos por Santa Cruz Puede. Las organizaciones reclaman que se acredite la emisión de comprobantes fiscales en cada operación y denuncian haber detectado comercialización de mercadería sin tickets o facturas.
Se trata, nuevamente, de una acusación de las entidades empresarias y no de una irregularidad establecida por una resolución administrativa o judicial. El propio documento plantea que corresponde a los organismos fiscales determinar eventuales responsabilidades.
Otro capítulo particularmente sensible es el modelo de asociación con privados.
Según la respuesta empresaria, Santa Cruz Puede informó que desarrolla trece emprendimientos y que once de ellos cuentan con participación de capital privado. Las cámaras reclaman conocer mediante qué mecanismos fueron seleccionados esos socios, qué criterios se utilizaron para evaluar los proyectos y si existieron convocatorias abiertas para que otras empresas santacruceñas pudieran participar en igualdad de condiciones.
El conflicto excede así una discusión sobre precios o comercialización de alimentos.
Lo que las entidades ponen en debate es hasta dónde puede avanzar una empresa estatal dentro de la economía provincial y bajo qué reglas debe hacerlo cuando ingresa en mercados donde existen operadores privados.
Santa Cruz Puede posee un objeto societario amplio. Según recuerda el documento, fue constituida mediante la Ley 3.877 y posteriormente ampliada por la Ley 3.956, con capacidad para intervenir en actividades que integren o puedan integrar la matriz productiva provincial.
Para las cámaras, esa amplitud representa precisamente el problema: entienden que permite que una compañía respaldada por el Estado se extienda sobre prácticamente cualquier sector económico.
La posición empresaria concluye con un reclamo concreto: que Santa Cruz Puede cese lo que las organizaciones califican como “competencia desleal” y que el Gobierno provincial concentre su intervención en generar condiciones para que las empresas privadas produzcan y sostengan empleo.
La disputa deja abiertas varias cuestiones que requieren documentación más allá del enfrentamiento discursivo: cuáles son las habilitaciones efectivamente obtenidas por la sociedad, qué condiciones debe cumplir para incorporarse al registro de proveedores, cómo fueron seleccionados sus socios privados y cuáles son exactamente los aportes económicos realizados por el Estado.
Mientras esas respuestas no aparezcan, el conflicto ya adquirió una dimensión política. Tres organizaciones representativas del comercio, la industria, la hotelería y la gastronomía cuestionan directamente el modelo empresarial impulsado por la administración de Vidal y colocan sobre la mesa una discusión de fondo: si Santa Cruz Puede funciona como herramienta para ampliar la matriz productiva o si, como denuncian las cámaras, terminó convirtiendo al propio Estado provincial en competidor de las pymes que debería promover.